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Boletín de prensa 14 de julio de 2011
EL TIEMPO
EN MARCHA PLAN PARA CONCILIAR DEMANDAS CONTRA CAJANAL
Procuraduría logró principio de acuerdo en 1.061 pleitos por pensiones, muchas con más de 10 años.
Los demandantes, que exigen más de 120 mil millones de pesos, aceptarían pactar liquidaciones con base en jurisprudencia ya aplicada en casos similares.
De concretarse este acuerdo el Estado se ahorraría cerca de 35mil millones de pesos, dijo Augusto Serrato, procurador delegado para las conciliaciones.
Las partes inicialmente han aceptado acoger los precedentes jurisprudenciales en materia de reconocimiento de pensiones de la Rama Judicial del Ministerio Publico, Contraloria y del Instituto Nacional de Medicina Legal.
PIDEN ASISTENCIA Y PROTECCIÓN PARA PERSONAS CON LIMITACIÓN LEVE
Procurador busca que esta población también goce de beneficios de discapacitados.
El procurador general, Alejandro Ordóñez, afirma que brindar asistencia sólo a casos severos o profundos de limitación implica una discriminación.
Ordóñez solicitó a la Corte Constitucional declarar inexequible la expresión "severas y profundas", la cual está contenida en el artículo 1º de la Ley 361 de 1997, que establece mecanismos de integración social de las personas con limitación y se dictan otras disposiciones.
De acuerdo con dicho artículo, se dicta que "las personas con limitación en sus derechos fundamentales, económicos, sociales y culturales para su completa realización personal y su total integración social y a las personas con limitaciones severas y profundas, la asistencia y protección necesarias".
Así, en lo que continúa de la Ley 361 de 1997 se señalan una serie de medidas para facilitar a las personas con estas limitaciones el acceso a la educación, al empleo, al bienestar social, a la infraestructura física, a los bienes de uso público, y promover programas de prevención, de cuidados médicos y sicológicos, y de formación e integración laboral. Con esto, se pretende hacer efectiva la garantía de sus derechos y contribuir a su rehabilitación y protección.
En concepto del Ministerio Público, lo anterior resulta "injustificadamente discriminatorio" en tanto "desconoce los derechos de las personas que tienen limitaciones leves y moderadas, con lo cual, se vulneran normas consagradas en la Constitución Política".
Por lo mismo, "en lugar de desarrollar una política de integración social, (la Ley) excluye a las personas con limitación leve para recibir asistencia y protección especial".
Sin embargo, el procurador Alejandro Ordóñez explicó que la clase de limitación que la persona sufre puede ser relevante para determinar el tipo de asistencia y de protección que requiera, "pues se trata de un asunto de grado: a mayor limitación o limitaciones, mayor asistencia y protección," sin esto dar cabida a exclusión alguna.
FUNCIONARIO DE PROCURADURÍA ENTUTELA AL PROCURADOR
Demandante dice que las creencias religiosas del jefe del Ministerio Público buscan imponer que, para ser buen funcionario, hay que ser católico.
Daniel Sastoque, funcionario de la Procuraduría, interpuso una acción de tutela en contra del procurador general de la Nación, Alejandro Ordoñez, porque –asegura- por cuenta de las creencias del Procurador, de la figura de poder que representa, y de su marcada tendencia religiosa que hace dentro de la entidad, se está imponiendo, de manera velada, que para ser buen funcionario público es necesario ser buen católico.
Según el demandante, los funcionarios de la Procuraduría que no se corresponden con este modelo tienen dos opciones: aparentar que no les incomoda la tendencia católica y que “comulgan” con las creencias del Procurador; o hacer valer sus derechos a la libertad religiosa, a la libertad de conciencia, al libre desarrollo de la personalidad y al trabajo.
“Yo opté por hacer valer mis derechos a través de la tutela. La calificación de buen o mal empleado debe estar ligada exclusivamente al desempeño profesional, no a las creencias religiosas de las personas”, asegura Sastoque.
El funcionario de la Procuraduría espera que se le exija al Procurador abstenerse de celebrar ritos católicos, retirar todos los símbolos religiosos católicos de los espacios públicos y desmontar el oratorio católico que se construyó en un espacio que debe servir para el ejercicio de la función pública.
EL ESPECTADOR
NOMBRAN NUEVA TERNA DE ASPIRANTES A DIRECTOR EJECUTIVO DE LA JUSTICIA
La Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial eligió nuevamente la terna de aspirantes a la Dirección Ejecutiva del poder jurisdiccional, luego de más de una año de intentos fallidos por nombrar a un ocupante del cargo en propiedad. Martha Catalina Velasco Campuzano, Sandra Lizeth Ibarra Vélez y Diógenes Villa Delgado integrarán desde este miércoles la lista de candidatos, luego de la revisión de una acción de tutela a través de la cual la Corte Constitucional ordenó recomponerla.
La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, encargada de hacer efectiva la elección definitiva, había objetado la presencia de la antigua lista inicialmnte, pero la Comisión había considerado que no había lugar a aceptar tales alegatos.
Por una decisión judicial, este grupo había sido recompuesto, pero un fallo de tutela también había provocado una nueva frustración en el nombramiento, pues se ordenó el retorno de lo primeros ternados al grupo de preseleccionados.
Finalmente, la Corte Constitucional, al revisar el fallo, consideró que se debía corregir todo el proceso y, luego de anular lo actuado, ordenó nombrar nuevamente a los aspirantes.
PESE A SANCIÓN DE REFORMA POLÍTICA, NO SE ANTICIPARÍA INSCRIPCIÓN DE CANDIDATOS
Aunque la norma, que será sancionada este jueves, establece que se deben inscribir cuatro meses antes de los comicios, el plazo se mantendría hasta 10 de agosto.
Este jueves la reforma política que regirá para las elecciones de octubre será sancionada por el presidente Juan Manuel Santos.
La ley establece que las inscripciones de candidatos deben cumplirse cuatro meses antes a los comicios.
De ahí el temor de muchos aspirantes porque de inmediato deberían surtir ese proceso ante la Registraduría Nacional del Estado Civil pues se agotó el tiempo.
Sin embargo, Elespectador.com consultó sobre esa polémica y todo indica que no se anticiparía el proceso de inscripción de los candidatos.
El registrador Carlos Ariel Sánchez consideró que para este caso “como ya empezaron a correr los términos de la actual ley” se aplica ahí unanorma que está vigente desde 1887.
Esa normatividad, fijada dentro del Código Civil, establece que las interceptaciones de las normas deben darse en el tiempo.
Así las cosas, el plazo para inscripción de candidatos se mantendría hasta el 10 de agosto, como lo estableció la Registraduría en el calendario electoral entregado desde finales de 2010.
CLAROSCUROS DE UNA HISTORIA
Por: Augusto Trujillo Muñoz
Dos juristas costeños, el ex senador Edmundo López Gómez y el ex notario de Bogotá Óscar Alarcón Núñez, publicaron recientemente sendos textos en torno a la constitución de 1991.
El de López, titulado “Un gran lunar de la constituyente: el zarpazo contra el congreso” sostiene que la revocatoria del período parlamentario fue episodio penoso para nuestra democracia”. El de Alarcón, titulado “La cara oculta de la constitución del 91”, recuerda que la séptima papeleta no fue escrutada y contrasta, en doble columna, los textos originalmente aprobados con los publicados como definitivos.
Soy devoto de la constitución del 91, particularmente, en lo que tiene que ver con la democracia de participación, con el reconocimiento de la pluralidad, con la autonomía territorial y, por supuesto, con la carta de derechos. Pero desde siempre eché de menos una carta de deberes. Pienso que la auténtica legitimidad republicana no se construye sin conciencia social sobre derechos y deberes de un ciudadano que debe ser protagonista, y no sólo espectador, del suceso cotidiano en cualquier sociedad democrática.
Esa es la carencia fundamental de la actividad pública colombiana: conciencia de ciudadanía. Los responsables son quienes han ocupado el gobierno después del 91, sin preocuparse por pedagogía constitucional alguna, así como los ciudadanos mismos. Han faltado equipos dirigentes, pero también empoderamiento social. A las generaciones más activas del 91 les faltó sentido de historia. Como lo tuvieron, en su momento, las de 1810 y1850. Las del centenario y los nuevos. Las del frente nacional y el estado de sitio.
Al final de su libro Alarcón trascribe un diálogo que sostuvo con Antonio Navarro, en el cual éste comenta sobre algunos errores cometidos por su grupo porque “nosotros no sabíamos de política, pues veníamos de la lucha guerrillera”. Tal aserto parecería darle la razón a López Gómez cuando habla del “zarpazo contra el congreso”. En efecto, revocar un período parlamentario es como no saber de política. Le suena bien a unos pero –mientras no se modifique el sistema electoral- en la siguiente elección vuelven al congreso los mismos y/o los voceros de su círculo más próximo.
A menudo los congresistas merecen el duro juicio de sus críticos. Sin embargo el congreso colombiano no es diferente a cualquier otro congreso del mundo. Como decía Luís Carlos Galán, a su seno llega tanto lo mejor como lo peor del país, pero en su gran mayoría son personas comunes y corrientes, que corresponden al más auténtico promedio nacional. En síntesis, el reflejo más cabal de un país es su propio congreso. De hecho, la conducta de muchos de sus integrantes desvirtúa el sentido de su trabajo institucional, pero quienes lo denostan se niegan a reconocer que sus propios defectos están proyectados en ese órgano representativo.
El vigésimo centenario de la constitución debe celebrarse con euforia, por lo bueno que la nueva carta política le trajo al país. Pero como dice López la verdadera historia no se escribe con olvidos ni silencios. Los lunares ocultos que muestran López y Alarcón no alcanzan a desvirtuar los aciertos constitucionales. Pero muestran el alcance de la historia que se hace entre cuatro paredes para presentarse luego como deliberación colectiva. Y ponen de presente los claroscuros que hay detrás de la dinámica política.
En estos días del vigésimo aniversario ha habido también otras críticas que pueden resumirse así: La constitución hizo promesas que no se han cumplido y que, probablemente nunca se cumplan. Es más, algunas de las contenidas en el texto original fueron objeto de contrarreformas. Pues bien, esa es una responsabilidad dirigente: de quienes, desde el 91 hasta hoy, han expresado su compromiso con la constitución, pero nada han hecho por incorporar sus principios y valores al imaginario colectivo.
Los textos constitucionales no son mágicos. Suponen un pacto que sólo se honra con sus desarrollos, a los cuales hay que incorporar al ciudadano común. Es un problema de voluntad política, de patriotismo cívico, de conciencia ciudadana. Mientras no se supere la dicotomía entre la orilla de las instituciones y la orilla de los ciudadanos, será muy difícil evitar que las promesas constitucionales se queden escritas.
EL NUEVO SIGLO
¿QUÉ REFORMAS DEBE TENER LA PRÓRROGA DE LEY JUSTICIA Y PAZ?
Terminaron deliberaciones sobre el marco jurídico que debe incluir un proyecto que permita nuevas desmovilizaciones.
EN EL marco de la discusión en el seno de la Comisión de Paz del Senado de un instrumento legal que permita la desmovilización de grupos armados ilegales, surgió la pregunta, qué reformas debe tener la prórroga de la ley de justicia y paz, como una medida a corto plazo para buscar la paz.
Pues bien, varios analistas y expertos en temas de desmovilización y paz, expusieron sus puntos de vista en la última audiencia citada con tal fin en el Congreso.
“El proceso que ya se dio fue sin claridad jurídica, sin definir las distinciones entre lo que el delito político con el delito común. Un elemento que es fundamental, es establecer que un proceso de desmovilización tiene que estar acompañado de la certeza jurídica que permita que las personas que asuman esa posición, sepan a que atenerse y parece ser que ese no fue el caso, ya que algunos de estos señores fueron extraditados a Estados Unidos, y dicen que los engañaron, pero el país no ha podido saber porque no nos han dicho qué fue lo que se negoció. De hecho, eso fue un proceso de paz, porque estos procesos históricamente en el mundo tienen que ver con negociaciones de tipo político, y ahí no se negoció nada, no hubo agenda política, sino unas desmovilizaciones incompletas, unos procesos de justicia parciales, y el fenómeno del paramilitarismo ha seguido y evolucionado”, expuso Daniel García-Peña, director de Planeta Paz.
El ex ministro Camilo Ospina manifestó que “la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido contundente en el sentido de que amnistías no son posibles por violaciones de derechos humanos, y el artículo 17 del Estatuto de Roma establece que el estatuto se activa en casos de impunidad. Eso significa que cualquier marco legal colombiano para un proceso de paz, implica que para los mandos medios y los jefes de los grupos involucrados en este proceso de negociación, tiene que haber sentencia judicial y sometimiento a la justicia”.
“No es factible una amnistía, y el estándar mínimo está dado por la ley de Justicia y Paz, que son los ocho años de cárcel, que sería como el piso que se le puede dar. Pero pensar que puede haber un proceso de paz en la cual los jefes de un grupo alzado en armas puedan pensar que se someten a un proceso legal y no se someten a la justicia, no es viable”, indicó Ospina.
José Hernández, coordinador del área jurídica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación señaló la necesidad de prorrogar la ley de Justicia y Paz. “Evidentemente la iniciativa de ampliar la vigencia de ampliar la vigencia de la ley 975 podría ser el fundamento para que quienes no hayan realizado esa desmovilización lo hagan, y obviamente en beneficio de las víctimas de esas personas que se podrían postular y la realización de los derechos de las mismas”, dijo.
El funcionario explicó cómo debería funcionar para la desmovilización de guerrilleros: “Estamos hablando que en la ley de justicia y paz hay un concierto para delinquir, y a los guerrilleros, según ya lo ha manifestado la Corte Suprema de Justicia, no se les podría imputar este delito, sino el de sedición. En ese sentido, obviamente tendríamos que hacerle algunas modificaciones legislativas a tal efecto, pero sería la única diferencia de fondo. Hay que hacer algunas precisiones legislativas para que dentro de la ley de Justicia y Paz se incorpore una serie de obligaciones previas a la concesión de beneficios, a la demostración de los derechos de las víctimas”.
El senador Roy Barreras, del Partido Social d Unidad Nacional (La U), explicó que “no debe incluirse el narcotráfico, y las Bacrim no son organizaciones que tengan alguna significación política, y por ello, ellas no pueden esperar el tratamiento de paz ni de justicia transicional”. Para el legislador vallecaucano “cualquier solución jurídica debe ser diferencial, es decir, el Gobierno debe tener la flexibilidad, la autoridad y potestad de poder diferenciar a quién les ofrece un tratamiento más político y a quién les ofrece un tratamiento puramente penal. En ese rango de oferta, el Gobierno tiene que tener instrumentos para poder moverse”.
REVISTA SEMANA
"LAS ILUSIONES Y DESVELOS DE ANTONIO NARIÑO SE VEN REFLEJADOS HOY EN DÍA EN NUESTRA CONSTITUCIÓN"
A propósito de los 200 años de la primera edición del periódico La Bagatela, el periodista y director de la Universidad América, Jaime Posada, considera que "muchos de los ideales de Antonio Nariño se hicieron ley de conducta".
El domingo 14 de julio de 1811, Antonio Nariño publicó la primera edición del periódico La Bagatela. En la celebración de los 200 años de la publicación, la Universidad América decidió rendir un homenaje a quien considera “el gran apóstol de nuestras libertades”. Lanzó la revista La Bagatela, Revista de Derechos Humanos.
A propósito de la efeméride, Semana.com entrevistó a Jaime Posada, padre del fallecido Roberto Posada García-Peña (D’artagnan), rector de la Universidad América y director de la Academia Colombiana de la Lengua.
Posada, quien conoce la historia de las últimas décadas de periodismo, describió cuál ha sido el papel de la prensa en la defensa de los Derechos Humanos y explicó por qué la Constitución del 91 es la evolución de las ideas de Nariño.
Semana.com: Hace 200 años salió el primer ejemplar de La Bagatela. ¿Qué significó eso para el país?
Jaime Posada: En 1811, el periódico La Bagatela fue el resultado natural de una revolución. Fue una tribuna al servicio de las ideas de la emancipación. Antonio Nariño, sin dejarse identificar, satírico y avizor, invitaba a todos los neogranadinos a que se pensara dentro de una modalidad distinta, nueva, americana y libre. La Bagatela, ayudó a definir en la conciencia de los criollos una devoción por los valores del espíritu y una vigilia permanente para que los derechos básicos de la persona humana no fueran a ver esterilizado su fuego alentador.
Semana.com: ¿Por qué decidieron bautizar con el mismo nombre una revista de Derechos Humanos?
J.P.: Con motivo del segundo centenario de la primera edición del periódico La Bagatela, en honor a la memoria del colombiano de todos los tiempos, Antonio Nariño, el gran apóstol de nuestras libertades, y considerando las constantes transgresiones a los derechos de la persona humana en nuestro país, la Universidad de América y su Instituto de los Derechos del Hombre y del Ciudadano decidieron crear La Bagatela, Revista de Derechos Humanos.
La sede de la revista y del Instituto de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Universidad América es el claustro en donde Antonio Nariño tradujo e imprimió por primera vez en Hispanoamérica la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano.
Semana.com: ¿Cuál es el objetivo de la publicación?
J.P.: La Bagatela, Revista de Derechos Humanos tiene como fin impulsar la investigación y divulgación de escritos concernientes a hacer valer los derechos inherentes a la persona humana, cultivando la reflexión para restablecer la unidad y la concordia entre todos los connacionales.
Semana.com: Antonio Nariño tradujo al español la carta de derechos en 1793 en su Imprenta Patriótica. ¿Después de dos siglos cómo ve la situación de derechos humanos del país?
J.P.: A pesar de haber logrado grandes conquistas en materia de Derechos Humanos, subsisten en Colombia graves violaciones a los derechos esenciales de la persona humana. Nuestra sociedad, durante más de medio siglo, ha vivido un conflicto armado que ha arrojado un constante y sistemático atropello a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario.
Semana.com: Usted es un conocedor de la historia de la prensa de las últimas décadas, por su relación con El Tiempo. ¿Qué relación tiene el periodismo con los derechos humanos?
J.P.: Desde cuando fundé el periódico estudiantil que se llamaba Ideario y el semanario Batalla y en los periódicos El Tiempo, Intermedio y El Mercurio, persistentemente y tratando de evadir la censura cuando la hubo, con mi firma o sin ella, comenté la naturaleza de los Derechos Humanos y contribuí a la divulgación de los mismos. Si se escruta un poco el proceso de la evolución nacional, se verá cómo el poder de las ideas sobre la dignidad humana, divulgadas por las distintas hojas, ha representado una fuerza moral permanente, ha influido decisivamente en las transformaciones de la vida colectiva y ha ido tomado un papel protagónico a la hora de hacer respetar, proteger y garantizar los Derechos Humanos.
Semana.com: ¿Qué piensa del periodismo de opinión de hoy en día?
J.P.: Ha tenido primacía un periodismo serio por encima de un periodismo sensacionalista.
Semana.com: ¿Se puede decir que hoy en Colombia la prensa es libre?
J.P.: Sí.
Semana.com: ¿Hoy en dónde están los hombres libertarios como Nariño?
J.P.: Los podemos encontrar en algunos pensadores políticos y defensores de libertades.
Semana.com: En 1955 usted escribió el libro La Crisis Moral colombiana. Después de 55 años, ¿cómo ve al país?
J.P.: Colombia necesita templar y hacer válida una exigente conciencia moral que rehaga muchos valores deshechos. La defensa de los derechos de la persona humana debe empezar a ser considerada como una labor permanente de cada individuo, cumplida con diligencia y expresada en realidades. Todas las formas de violencia, vengan de donde vinieren, acojan el disfraz que acogieren, deben ser repudiadas y castigadas dentro del marco de la ley. Todas las expresiones del crimen necesitan ser contenidas con severidad ejemplificante. Todos los recursos de la corrupción deben ser desnudados para repudio y sanción plenos y oportunos. Progreso sin conciencia moral puede ser retroceso.
Semana.com: ¿En la Constitución de 1991 cómo se refleja el pensamiento de Nariño?
J.P.: El alcance del pensamiento de Antonio Nariño adquirió un tenaz poder de gravitación sobre nuestra vida política y social. Sus ilusiones y desvelos se ven reflejados hoy en día en nuestra Constitución. Fue el actuar de este prócer quien dio a la revolución americana el carácter de un movimiento destinado a buscar la dignificación del hombre por medio de la defensa de sus derechos esenciales tan bien reconocidos y proclamados en la Constitución del 91.
Semana.com: ¿Estamos lejos de alcanzar sus ideales?
J.P.: Muchos de sus ideales se hicieron ley de conducta, con la garantía de ser un mensaje que no perece.